Responsabilidad penal empresarial: lo que toda organización debe saber
Hace unos años, mientras trabajaba como consultor en una empresa del sector logístico, fui testigo de un caso que cambiaría mi percepción sobre la responsabilidad penal empresarial. Un proveedor nuestro fue investigado por fraude contable. Lo que parecía un asunto aislado terminó salpicando a varios directivos por no contar con controles internos sólidos.
¿Qué es la responsabilidad penal empresarial?
La responsabilidad penal de las personas jurídicas es la capacidad legal de atribuir consecuencias penales a una empresa por delitos cometidos en su seno, normalmente por directivos o empleados. Esta figura fue introducida en España en la reforma del Código Penal de 2010 y fortalecida en 2015, y desde entonces, las personas jurídicas pueden ser objeto de sanciones como multas, suspensión de actividades, e incluso disolución.
El marco normativo actual y su evolución
El artículo 31 bis del Código Penal establece claramente cuándo puede atribuirse responsabilidad penal a una organización. La clave está en que el delito haya sido cometido por una persona con poder de representación o que actúe bajo la autoridad de la empresa, y que no existan modelos adecuados de prevención de delitos. La jurisprudencia también ha definido criterios exigentes en cuanto a la eficacia de los programas de compliance.
Compliance penal: eximente legal y escudo reputacional
En el caso que mencionaba antes, lo más impactante fue constatar que la empresa implicada no contaba con un modelo de prevención de delitos ni con una política de compliance clara. Durante meses, los altos cargos asumían que con auditorías externas bastaba. Sin embargo, quedó demostrado que no existía una verdadera cultura de cumplimiento. Y lo peor: empleados conocían las irregularidades, pero no tenían un canal de denuncias ni protocolos de actuación. Esa inacción también fue sancionada.
Por eso, hoy el compliance penal no es un lujo, sino una necesidad operativa y legal. Un buen modelo de prevención puede llegar a eximir de responsabilidad penal a la empresa, siempre que cumpla con una serie de condiciones: adopción previa al delito, implementación real y efectiva, supervisión autónoma y capacidad de respuesta ante infracciones.
Delitos más comunes en el entorno empresarial
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Blanqueo de capitales
- Cohecho y corrupción entre particulares
- Delitos medioambientales
- Delitos en materia de prevención de riesgos laborales
Los accidentes de trabajo, por ejemplo, pueden derivar en responsabilidad penal si se demuestra que la empresa incumplió sus deberes de protección. Incluso si no hay daño material pero se genera un riesgo grave, podría constituirse un delito del artículo 316 del Código Penal.
¿Quién responde y cómo se estructura la defensa?
La responsabilidad penal no elimina la personal. Es decir, pueden sancionarse tanto a directivos como a la propia empresa. Para estructurar una defensa eficaz, es crucial tener:
- Un plan de prevención robusto y documentado
- Un órgano de supervisión con autonomía y recursos
- Un canal ético funcional
- Registros y evidencias de formación y seguimiento
Desde mi experiencia, lo primero que recomiendo a cualquier cliente es que no subestime la responsabilidad penal de la persona jurídica. Implementar un programa de cumplimiento no es solo una forma de evitar sanciones; también refuerza la ética empresarial y protege la reputación corporativa. Y más aún si hablamos de sectores con alto riesgo normativo como energía, construcción o transporte.
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